El Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate en un comunicado expresó su repudio y gran preocupación ante la Resolución N° 344/2020 de Nucleoeléctrica Argentina, que propone ‘controlar’ las expresiones y comportamientos del personal en redes sociales.
A continuación, el texto completo del comunicado gremial
Denunciamos el avance sobre las libertades individuales y constitucionales de los trabajadores en Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate denunciamos y repudiamos las acciones de las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina S.A. que, mediante un procedimiento interno, pretende monitorear las redes sociales de sus empleados y aplicarle sanciones a todo que exprese comentarios en sus cuentas personales. Se trata de una definición inconstitucional, arbitraria, persecutoria e improcedente.
En efecto, la Resolución Nº 344/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020 establece que se aprueba un procedimiento administrativo titulado “Buenas prácticas para el uso de redes sociales y medios de comunicación digitales”.
De forma clara y directa esto que pretende ser llamado un procedimiento que determina una serie de postulados y conductas tales como “el buen juicio” “pautas éticas” “conductas que no serían aceptables en su lugar de trabajo”, etcétera, tan genéricas como discrecionales para ser viable su evaluación y aplicación.
Sin duda alguna, esta Resolución que impugnamos vulnera derechos personalísimos, que constituyen el derecho a la intimidad de los/as trabajadores/as de NASA (art. 16, 18 CN) y despliega un acto extralimitado del poder de organización y dirección empresaria, con la finalidad de ejercer disciplinamiento y un pensamiento único, sobre todos los trabajadores de la empresa.
Está claro que el objetivo es controlar el comportamiento de todo el personal por fuera de su ámbito de trabajo, determinando qué deben decir y/o hacer en sus redes sociales que son de uso personal, a riesgo de imponérsele sanciones.
La Resolución constituye un acto de intromisión inadmisible que vulnera derechos humanos fundamentales de todos los/as trabajadores y pretende ser una herramienta de control inconstitucional y absolutamente ajeno a su ámbito de dirección y ejercicio de las facultades de NASA.
De por sí misma, constituye un acto de violencia laboral en los términos del recientemente ratificado Convenio de la Organización Internacional del Trabajo N° 190 (Ley 27580).
Es fundamental comprender que la empresa se encuentra vedada de regular la conducta, el comportamiento del personal en sus ámbitos que no sean los laborales.
Por lo tanto, todas las opiniones personales, ideológicas, gremiales, políticas de los trabajadores/as son ajenas a su ámbito de juzgamiento, so pena de incurrir en conductas discriminatorias vedadas también por la legislación vigente (art. 1° Ley 23.592).
Reiteramos que el control que se pretende hacer sobre el personal en ámbitos ajenos a los laborales responden a una época oscura de nuestra historia, que entendemos fue superada y ya juzgada por toda la sociedad argentina.
En más de 40 años de producción en las Centrales Nucleares se fue construyendo un vínculo con toda la comunidad y con todos los trabajadores que fue abierto, sincero, transparente, y sin ninguna censura.
De esa manera fueron alcanzados estándares de producción de energía eléctrica, con un marcado superávit que fue difundido por la misma empresa.
Fue así, que la generación nuclear se pudo posicionar dentro de la matriz energética nacional, como una pieza fundamental para sostener el desarrollo en todo nuestro país.
Entonces, nos podemos preguntar hoy:
¿Por qué ahora se quiere aplicar éste sistema de control? ¿A dónde se pretende llegar? ¿A quiénes se intenta disciplinar y acallar? ¿Existirán intereses personales, por sobre los intereses generales, para que algunos funcionarios estén impulsando hoy ésta resolución anticonstitucional? ¿Será que tendremos que pedirle autorización a la Gerencia cada vez que debamos expresar nuestra opinión o hacer un reclamo, acerca de las condiciones de trabajo o convencionales que impone la empresa?
Interrogantes que, entre todos, buscaremos encontrar respuestas pronto.
Si podríamos mirar hacia atrás, los pasos que se están adoptando, parecen no cambiar la dirección respecto de las políticas discriminatorias y persecutorias, del anterior gobierno.
Muy por el contrario, parecen profundizarse.
Es verdad, cambió el Gobierno Nacional, pero algunos funcionarios siguen en sus puestos jerárquicos, y son los que generan políticas discriminatorias hacia todos los trabajadores.
Son los mismos que fueron desarrollando políticas laborales con el fin de disciplinar a los trabajadores/ras; y así; bajo cualquier argumento, poder flexibilizar nuestros derechos consagrados en el CCT 51/05 “E”.
Nuestros dirigentes ya sufrieron toda clase de discriminación y persecución, por no claudicar en la defensa de los trabajadores.
Se llevaron a cabo acciones de variada y diversa índole, con el fin de poder doblegar nuestra voluntad en la defensa del Plan Nuclear Argentino, como así también proteger nuestros derechos laborales y convencionales.
Fue un ataque al corazón mismo de nuestra institución, y el derecho a contar con libertad sindical, para elegir libremente la afiliación y el derecho a reclamar, entre otros.
El ataque fue de tal magnitud, que incluyó prácticas de espionaje y grabaciones de las reuniones de nuestra Comisión Directiva; entre otras diversas acciones desleales y antisindicales.
Todo esto fue oportunamente denunciado a la Justicia Federal, que parece mirar para otro lado, cuando los que denuncian son simples y comunes dirigentes de una organización sindical.
Con las nuevas disposiciones, se tiene la impresión que se pretende institucionalizar y legalizar las prácticas de espionaje, control y monitoreo diario, para llevarlas a su máxima expresión, pero ahora abarcando a todos los trabajadores.
Los funcionarios públicos actuales intentan imponer prácticas de los Gobiernos de Facto, (que tal vez algunos estén añorando), dentro de una empresa de Estado, que debería ser un ejemplo a seguir en cuanto a la transparencia y libertad de expresión.
Creemos oportuno también recordarles a todos estos funcionarios que, en el año 2003, y promovida por el entonces Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de “Obediencia debida”.
Por lo tanto:
Queremos expresar a todos los trabajadores/ras, que aunque pretendan acallar las voces individuales de nuestros compañeros, no van a poder lograrlo.
Primero por todo lo ya expuesto arriba; y segundo porque el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, seguirá siendo la voz de todos aquellos que busquen justicia social, la defensa de sus derechos laborales y convencionales y la continuidad del Plan Nuclear en Argentina.
Queremos decirles a todos los trabajadores/ras que no vamos a dudar en iniciar las denuncias que se consideren pertinentes, en el fuero que corresponda y ante las autoridades nacionales competentes, de todo aquello que afecte la paz social, viole nuestros derechos laborales; y que carezca de toda legalidad y constitucionalidad.
“Por los derechos e igualdad de todos los Trabajadores”
Comisión Directiva Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate
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